La política fiscal en opinión del economista Méndez Morales es el “conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general”.
Esta definición implica que la política fiscal es parte de la política económica general e incluso es la parte de la política financiera que se encarga del acopio de recursos físicos y financieros que van a determinar el volumen del gasto público.
Esta política, al moverse en el ámbito de las finanzas públicas con el fin de recaudar los ingresos necesarios para la realización de las actividades estatales, establece el sistema impositivo o régimen y las medidas e instrumentos relacionados con la obtención de recursos financieros.
Es importante destacar que la política financiera, se subdivide en: política de ingresos o fiscal, política de gasto público, política monetaria y crediticia; aunque todas forman parte de la política económica.
En términos generales, los instrumentos de la política fiscal que se aplican en los países son todos aquellos que contribuyen a la recaudación de los ingresos públicos. Estos instrumentos son:
– Conjunto de impuestos, derechos, productos y aprovechamiento, que conforman el sistema fiscal.
– Ganancias que se obtienen del funcionamiento de las empresas del sector público.
– Financiamiento publico que puede provenir de fuentes internas (endeudamiento publico interno) y de fuentes externas (endeudamiento publico externo).
– Transferencias o recursos que los diversos sectores y entidades hacen llegar al sector público y que permiten incrementar sus ingresos. Un ejemplo son las aportaciones privadas para la reconstrucción de los daños ocasionados por los huracanes Stan y Wilma en 2005.
En nuestro país, los instrumentos de política fiscal, se fijan en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de cada año, que anualmente propone el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para su aprobación.
En México la política fiscal es administrada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, que es la encargada de aplicar los diferentes instrumentos y mecanismos que conforman el sistema impositivo.
Otros organismos que apoyan a la Secretaria de Hacienda en la elaboración y ejecución de la política fiscal son: la Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los servicios aduanales y de inspección y la Tesorería Fiscal de la Federación, así como el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal y otros organismos considerados como auxiliares.
El principal objetivo de la política fiscal es coadyuvar al cumplimiento de las metas de la política económica en general, las cuales están enfocadas a lograr el desarrollo socioeconómico del país.
La política fiscal como política de ingresos, debe en primer lugar recaudar los recursos necesarios y suficientes para el Estado pueda realizar todas las funciones que le competen.
En forma desglosada, los principales objetivos de la política fiscal son:
– Obtener los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como los demás ingresos que le corresponden por ley, simples con el criterio de equidad y de estimulo a las actividades económicas y sociales, que permitan el incremento de inversiones y del empleo sin causar desequilibrios monetarios o de precios.
– Otorgar estímulos fiscales a las actividades económicas que se consideren prioritarias para el desarrollo del país.
– Proporcionar estímulos y subsidios a las actividades prioritarias como el sector agropecuario, la pesca, la minería, el abasto de productos básicos, el sistema de transporte colectivo, la investigación científica y tecnológica entre otras.
– Regular, coordinar y controlar los servicios de la Tesorería de la Federación.
– Controlar a los organismos descentralizados y empresas estatales que por ley están sujetos a un control presupuestal, como PEMEX, IMSS, CFE y otros.
– Administrar y controlar el endeudamiento publico interno y externo.
– Establecer, revisar, controlar y en su caso modificar los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público.