Marco político-económico de México fundamentos

Actualmente, la principal misión de la política macroeconómica es diagnosticar la situación de la economía e inducir entre los agentes económicos un entorno de certidumbre y confianza para los negocios y prescribir toma de decisiones acertadas.

Desde el punto de vista económico puede decirse que la historia moderna de México comienza a principios de los años cuarenta, es en la década de 1940 que el país emprende un proceso de crecimiento que contrasta con los 30 años anteriores de estancamiento económico.

Durante la primera la década 1940-1950, la economía mexicana se vio favorecida por la demanda internacional de bienes (recursos naturales) surgida a raíz de la Segunda Guerra Mundial. También se incentivo la industria domestica de bienes manufacturados, pues estos escaseaban debido a que la guerra cambio los patrones de producción de los países implicados en el conflicto bélico.

Durante el periodo 1954-1970 conocido como el “el milagro mexicano” se obtuvo la tasa de crecimiento mas elevada en la historia económica de México (el PIB real creció 6.8% promedio anual), la tasa de inflación más baja (4.7% promedio anual) y el tipo de cambio permaneció fijo en 12.50 pesos por dólar durante el periodo. La inestabilidad en el crecimiento y en los precios del periodo previo causó que se perdiera confianza en la política económica, por lo que el gobierno se propuso como objetivos lograr la estabilidad de precios y del tipo de cambio, al mismo tiempo que promover la inversión y el desarrollo del país. Para lograr estos objetivos, las políticas monetaria y fiscal se volvieron restrictivas. El gobierno continúo en su papel de productor en industrias básicas (petróleo, electricidad, transporte, otros) contribuyendo así a la formación de capital y a la provisión de insumos necesarios para el resto del sector industrial.

Hacia finales de la década de 1970, debido principalmente a que el énfasis en el crecimiento industrial implico el abandono del sector agrícola, así como el descuido del gasto en educación dentro de las prioridades del sector público y, como consecuencia, se deterioro significativamente la distribución del ingreso. Por otro lado, la política proteccionista y su sesgo antiexportador redundaron en un deterioro de las exportaciones netas. Con estos antecedentes, la política económica de principios de los años setenta se convierte en el motor del crecimiento económico a través de una expansión acelerada del gasto público y de la oferta monetaria. En este periodo la política fiscal y la monetaria se operan de forma expansionista.

Hacia finales de la década de 1970 se descubren reservas petroleras en México. Este hallazgo, junto con los altos precios mundiales del petróleo, cambio las expectativas futuras, para México. La inversión pública y la privada responden a las nuevas perspectivas de crecimiento y el capital extranjero fluye hacia el país. El crecimiento en la inversión fue acompañado de mayores importaciones de bienes de capital e intermedios que ensancharon el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con lo que la deuda externa se incremento rápidamente. La política fiscal fue expansionista, al igual que la monetaria. La expansión monetaria fue acomodativa de las necesidades de financiamiento del déficit del sector publico, ampliándose tanto el crédito interno como el externo: De 1978 a 1981 el crecimiento anual del PIB vario entre 8% y 9%, pero la inflación tendió a crecer (de 17.5% en 1978 hasta 27.9% en 1981).

La dependencia del crecimiento económico en el sector petrolero fue evidente cuando los precios mundiales del petróleo disminuyeron en 1981. Ante esta caída y las crecientes tasas de intereses internacionales, las cuentas externas de México se deterioraron de manera significativa, ya que las entradas por concepto de exportaciones petroleras bajaron, mientras los pagos por servicio a la deuda externa se incrementaron. En 1982, México se declaro incapaz para hacer frente a sus obligaciones con el exterior y el peso sufrió una fuerte devaluación (70%). Esta devaluación fue seguida de un incremento general en los salarios y de otra devaluación e incrementos en los precios de la electricidad, así como de varios servicios públicos. En 1982 la inflación se disparo a 59%, mientras que el PIB se redujo 0.6%.

Ante los acontecimientos de 1982 la nueva administración del presidente Miguel de la Madrid firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el fin de comprometerse a estabilizar la situación económica del país. Los objetivos del programa fueron: reducir el déficit del sector público, implementar una política de control de salarios y reducir la inflación. Par lograr estos objetivos se redujo la inflación del sector público en 32%, se incrementaron los impuestos indirectos y los precios de los bienes producidos por el gobierno. La política monetaria también fue austera, con lo que las tasas de intereses aumentaron y la demanda agregada se redujo.

El PIB cayo 5.3% en 1983, pero la inflación siguió ascendiendo (101.8%) debido a las expectativas inflacionarias formadas a raíz de las tasas de inflación observadas en los años previos. Sin embargo, las cuentas externas mostraron una respuesta positiva, ya que en 1983 la cuenta corriente tuvo un saldo positivo (exportaciones mayores a importaciones) por la fuerte reducción en las importaciones se realizaron varios ajustes al alza en los salarios nominales, que estimularon el proceso inflacionario.

En el periodo de 1986 a 1994 se observó un franco proceso de vuelta a la estabilidad, con políticas monetarias y fiscal dirigidas a lograr un control de la inflación y reducción en las tasas de interés, mediante una reducción de la demanda agregada. Asimismo, una serie de políticas que afectaron positivamente al lado de la oferta agregada, ayudaron a incrementar la productividad y la eficiencia del sistema productivo. Entre estas últimas se encuentran la desregulación industrial, la liberación comercial y la privatización de las empresas, entre otras.

La crisis de 1994-1995 obligó a las autoridades a instrumentar una política económica orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

– Corregir los desequilibrios macroeconómicos asociados con el elevado déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos;
– Moderar las presiones inflacionarias resultantes de la devaluación de la moneda;
– Resolver el problema de vencimientos de la deuda pública de corto plazo, particularmente de los Tesobonos; – Enfrentar el problema de sobreendeudamiento del sector privado y evitar el colapso generalizado del sistema de pagos;
– Limitar el deterioro fiscal originado por las obligaciones extrapresupuestales y la abrupta caída de la actividad económica, y
– Mejorar la estructura de vencimientos y el costo de la deuda pública.

Ante este nuevo entorno, se llevó a cabo un ajuste de las finanzas públicas a través del fortalecimiento de los ingresos por impuestos indirectos y se siguieron lineamientos estrictos para la conducción de las políticas fiscal y monetaria. Para evitar la acumulación de nuevos desequilibrios y con el propósito de permitir que las condiciones de oferta y demanda por divisas determinara el nivel de la paridad cambiaria, se estableció un régimen cambiario de libre flotación. Asimismo, con el objeto de disminuir la volatilidad de los mercados financieros, se autorizó la operación de un mercado de futuros y opciones del peso en México y se permitió la negociación de contratos a futuros de la moneda nacional en el mercado de Chicago.

De esta forma, la política económica en 1995 y 1996 se enfocó a superar los factores coyunturales y estructurales derivados de la crisis financiera y a establecer las bases que permitieran reanudar el crecimiento económico. Paralelamente, se avanzó en la generación de condiciones necesarias para el desarrollo de una economía más eficiente y competitiva a través del cambio estructural. En particular, se instrumentaron diversas medidas de desregulación y se ampliaron los espacios de participación de los particulares en la actividad productiva nacional e internacional. Sin embargo, con excepción de las negociaciones orientadas a ampliar las relaciones comerciales de México con otros países, los avances en materia de cambio estructural fueron muy limitados en el periodo 1998-2000.