El firme compromiso del Estado con los principios de universalidad, integralidad e interdependencia de los derechos humanos debe concretarse en una política de Estado que involucre a los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno. La base de dicha política debe ser el conjunto de obligaciones internacionales que vinculan a todas las instituciones públicas, sin distingo de sus competencias. Por ello, es indispensable que dichas instituciones converjan en introducir la perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones y que sean promotores activos de la construcción de una cultura de derechos humanos en nuestro país.
En este sentido, vale la pena subrayar que todos los poderes del Estado, las Entidades federativas, los organismos públicos de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, así como los partidos políticos tienen, en la construcción de una cultura de derechos humanos, un papel que desempeñar. La construcción de una política de Estado no puede circunscribirse a la agenda del Gobierno Federal, toda vez que es un deber que atañe a todas las autoridades y comprende todos los ámbitos del quehacer público nacional. En este esfuerzo, se debe hacer patente que, en una democracia, gobernar necesariamente significa garantizar el ejercicio irrestricto de los derechos y las libertades fundamentales de la persona humana, pues sólo en esta medida se puede asumir con éxito la responsabilidad de construir un país que integre, reconozca y genere oportunidades para todos. La cultura de derechos humanos tampoco puede alcanzarse únicamente por las instituciones públicas. Requiere de la participación corresponsable de los medios de comunicación y, sobre todo, de todos los sectores de la sociedad civil.
En este sentido, la democracia constituye una vía idónea para 31 Encontramos ejemplos de muy diversa índole, en los que las normas jurídicas internacionales y nacionales están dirigidas a hacer que se respeten los derechos humanos en las relaciones entre individuos, como en el área del derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la educación y a la salud, cuando éstas están a cargo de instituciones particulares, y muchos otros casos más. 31 ensanchar el involucramiento de la ciudadanía. Se apoya en la participación social como en una de sus más claras manifestaciones.
La consolidación de esta política necesariamente debe transitar también por la realización de las reformas estructurales que la sustraigan de coyunturas políticas o económicas, toda vez que la protección de los derechos humanos es valor supremo a cualquier interés. Por ello, es necesario que el compromiso de nuestro país con su promoción y defensa sea reflejado en la Ley Suprema, de forma tal que se garantice que todo individuo goce de los derechos humanos, incluidos los previstos en los tratados internacionales.
A su vez, este reconocimiento permitirá la debida exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos a través del Juicio de Amparo ya que éstos podrán ser materia del mismo. Este es, indudablemente, un elemento central y un paso decisivo para la consolidación de la política de Estado en la materia. Asimismo, la eficiencia de una política de esta envergadura requiere tanto de una adecuada asignación de recursos como de la creación de mecanismos de evaluación y monitoreo, transparentes ante la ciudadanía, y en los que estén activamente involucrados la sociedad civil y los organismos de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución. Así, la conjunción de estos elementos permitirá que se construya una política de Estado en materia de derechos humanos y se consolide el gran compromiso nacional para la plena realización de éstos.
Fuente: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/mexico_sp.pdf