El cumplimiento de las normas legales de la sociedad es encomendado al gobierno, el cual procura su aplicación para mantener la estabilidad política, económica y social de la nación.
La Constitución es la máxima norma del país; por esta razón, todas las autoridades, cualquiera que sea su jerarquía, deben regir y ejercer su actividad de acuerdo con los mandatos establecidos en ella.
Prácticamente toda la estructura gubernamental está constituida para garantizar y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y para castigar sus transgresiones. Por ejemplo, para cumplir con el derecho a la educación, el gobierno cuenta con la Secretaría de Educación Pública, a través de la cual sostiene miles de escuelas; el derecho al trabajo y la seguridad social son vigilados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, etcétera.
Toda la estructura jurídica se encarga de administrar la justicia y sancionar las violaciones a los derechos humanos.