La política de gasto público impulsada durante la administración 2001-2006 se ha orientado a mantener y consolidar las condiciones de estabilidad económica que requiere el desarrollo del país y a lograr una asignación de los recursos públicos que refleje las prioridades nacionales en el ámbito federal y regional. Lo anterior ha permitido contar con más recursos para el combate eficaz a la pobreza, la prestación de mejores servicios públicos, el desarrollo regional y el fortalecimiento de la competitividad del país, entre otros objetivos.
De acuerdo a lo establecido en el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2002-2006, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 tiene como propósitos seguir contribuyendo a la consecución de estos objetivos a saber:
– Mantener la disciplina fiscal, de modo que el nivel de gasto público sea congruente con el monto de recursos disponibles y con la generación de un superávit pequeño.
– Fortalecer el gasto en desarrollo social, impulsando acciones que beneficien a la población en general, sobre todo a las familias que enfrentan las mayores carencias.
– Impulsar el crecimiento económico, alentando una mayor generación de inversiones y oportunidades de empleo y fortaleciendo la competitividad del aparato productivo.
– Lograr una mejor asignación del gasto en desarrollo rural, con el fin de elevar el bienestar de las familias campesinas y su contribución al crecimiento de la economía.
– Consolidar el federalismo, logrando que la asignación de recursos y responsabilidades permita ofrecer mejores bienes y servicios públicos en beneficio de los ciudadanos.
– Moderar el crecimiento del gasto en servicios personales y fortalecer el nivel de profesionalización de los servidores públicos.
– Dar prioridad a los recursos destinados a la seguridad pública, con el fin de atender una de las más acuciantes demandas ciudadanas.
– Promover el desarrollo sustentable, para preservar el medio ambiente y usar adecuadamente los recursos naturales.
La responsabilidad del Ejecutivo federal es crear las condiciones para propiciar el desarrollo equilibrado de las distintas regiones y estados del país. Sin embargo, una cosa ha sido el principio federalista emanado de la Constitución y otra muy diferente su aplicación objetiva y congruente con la realidad del país y de las regiones y estados. En el último lustro hubo avances en la descentralización de la educación, la salud, la infraestructura social y otros rubros.
Simultáneamente, se introdujeron cambios en el sistema de transferencias no condicionadas (participaciones federales) y se crearon las transferencias condicionadas a los Municipios por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Ramo 33). Empero, la mayor debilidad de este proceso ha sido la baja participación de los estados y municipios, que no han tenido una actividad recaudatoria verdaderamente responsable ni han contado con las facultades tributarias deseables. También se observa un subejercicio de los presupuestos públicos por aplicación a destiempo de los mismos.
El gasto federal como porcentaje del PIB aplicando a las distintas regiones del país entre 1995 y 1999 no se tradujo en un impulso al crecimiento económico de las mismas. Resulta paradójico que mientras que en la región Sur-Sureste el gasto público correspondió a 13.3% del PIB, se haya alcanzado solamente una tasa de crecimiento media anual del PIB de 2.9%, cuando que la tasa media de crecimiento del PlB en la región Noreste fue de 6.7% Y el gasto público federal de tan sólo 5.5% como porcentaje del PIB. No se observa hasta ahora que la tendencia a ejercer un mayor gasto en aquellas entidades con mayor rezago social se haya traducido en un crecimiento favorable. Un sector privado poco dinámico, la ausencia de instituciones y los enormes rezagos de los que se parte han tenido ciertamente que ver con la obtención de los bajos resultados.
Las desigualdades que se han derivado de la discrecionalidad política, de prácticas corporativistas y clientelares y de una estructura jerárquica centralizada sin participación social auténtica son fácilmente observables en la ineficacia con que se han aplicado los recursos. En este momento histórico, la necesidad de un cambio de visión es ineludible si no se quiere llevar al país a vivir dinámicas que incrementen la pobreza y la exclusión, propiciadas por un proceso globalizador atento sólo a la reacción de los mercados y que disocia el crecimiento económico de los necesarios y condicionantes desarrollos regional, social, político y cultural de toda la nación.