¿Cuál es el papel y la fisonomía que debe tener el Estado moderno, el Estado que requiere los desafíos de la globalización, del cambio tecnológico, de las tensiones de la supranacionalidad y la descentralización? Hemos hablado de la reforma inexorable del Estado en busca de un Estado que podríamos describir como un Estado musculosos y sin grasa; un Estado fuerte, en el sentido de que tenga agilidad, capacidad de respuesta, responsabilidad ante los ciudadanos, transparencia en su funcionamiento y legitimación democrática. Un Estado fuerte en ese sentido, no en el sentido de la obesidad y del nacional populismo trasnochado. Ahora hay que preguntarse para qué esa responsabilidad política en el equilibrio de las políticas macroeconómicas.
La política macroeconómica que no responde a unos criterios razonables de salud y equilibrio financiero, es una política que somete a una extrema fragilidad a los países. Es una política en la que se pueden producir accidentes gravísimos desde el punto de vista de la financiación de necesidades básicas de inversión y desarrollo que se requieren para no quedar fuera de las exigencias del mundo moderno, en particular de esa nueva frontera de desarrollo que es la revolución tecnológica.
No obstante, las políticas macroeconómicas sanas son instrumentales, no es esa la finalidad que legitima al gobierno. Empieza a haber una preocupación generalizada, incluso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, en torno al problema de la legitimación de las políticas macroeconómicas sanas –o si se prefiere de las políticas de ajuste-. La sociedad puede entender el ajuste, pero no un ajuste permanente y eterno, y no permanente y eternamente realizado a costa de los débiles o los menos protegidos. La pregunta es entonces pertinente: políticas macroeconómicas sanas ¿para qué? O en otras palabras ¿cuál es la función del Estado? ¿El Estado, para qué? Lo diré en términos que les gustarían a los economistas liberales: para crear capital y capital humano.
Capital físico: es necesaria infraestructura de comunicaciones, de telecomunicaciones, de energía, esto es, la infraestructura material que facilite el desarrollo. Capital humano: vale decir, educación, educación y más educación, pero también salud y protección social. Eso es capital humano. Si es verdad que en el siglo XXI, la materia prima fundamental de la industria será la inteligencia, es mejor que haya en el mundo ciudadanos bien educados, bien alimentados y en buen estado de salud. Se trata de una inversión que no va a atender nunca suficiente ni eficientemente.
Los gobernantes tienen la obligación de dar razonable igualdad de oportunidades a los ciudadanos. Me importa más el debate sobre los derechos delos ciudadanos y las respectivas obligaciones del Estado ante estos derechos, que el debate de si debe administrarlos el Estado o gestionarlos la empresa privada. Este debate me parece secundario, siempre que la empresa privada acepte que los derechos de los ciudadanos ponen límite a la única regla del mercado que existe. La regla de la optimización del beneficio. Es la única regla que existe, la que conozco, no hay otra. Si a la empresa privada se le pide algo diferente de la optimización del beneficio, se le está pidiendo que vaya contra su propia lógica. Pero el Estado puede regular el marco de actuación de las empresas, pero que tienen una dimensión de derechos de los ciudadanos, puedan ser prestados privadamente.
Creo que el Estado es responsable de limitar la optimización del beneficio. No de hacer entrar en pérdidas a una empresa, pero sí de limitar la optimización del beneficio, de equilibrarla con el derecho de los ciudadanos. Estos son los derechos que las fuerzas gobernantes, los políticos, los responsables del Estado, tienen que garantizar, entre otras cosas por razones de estabilidad y equilibrio social. El mercado tiene una fuerza expansiva innegable, pero las aspiraciones de los seres humanos, las aspiraciones sociales, también tiene una fuerza expansiva innegable.
El político deberá de ser capaz de respetar las reglas del mercado porque no hay democracia sin mercado, aunque haya mercado sin democracia. El político hará bien en respetar el mercado, incluso en modular la fuerza expansiva de las aspiraciones sociales, pero en confiar en que el mercado va a cubrir las aspiraciones de la sociedad en educación, en salud, en pensiones es pedir lo imposible, es pedirle al mercado que sea sensible y solidario socialmente. Hoy el poder político, sin duda, está obligado a hacer una buena administración de los recursos siempre escasos, pero socialmente sólo se legitima si atiende los derechos básicos de los ciudadanos.